Advertencia: el siguiente artículo puede provocar, o en su defecto incrementar trastornos en las “buenas conciencias” de la sociedad mexicana. Se sugiere discreción.
Inaudito es una palabra que se queda corta para describir los actos de homofobia, misoginia y racismo que a diario ocurren en nuestro país. Inaceptable es un término que no alcanza para demostrar la indignación ante esta doble moral: el territorio nacional bien puede bañarse en sangre prevaleciendo un estado de total impunidad, pero que a una mujer indígena que fue violada no se le ocurra abortar porque ahí sí se aplicará todo el rigor de la ley; los asesinatos a gente inocente (conocidos en el argot oficial como “daños colaterales” en la guerra contra el narco) pueden ocurrir a plena luz del día en lugares de afluencia pública, los decapitados aparecer en avenidas principales y los mensajes de terror leerse en los puentes peatonales, pero que a una pareja homosexual no se le ocurra darse un beso en público pues el escándalo a la moral es tal que merece castigo público. Algo anda mal en una sociedad que ha llegado al absurdo de perder el pudor ante la violencia y proscribir al escondite las muestras de amor y cariño.
A finales de 2009, el gobierno estatal de Guanajuato prohibió que en los libros de texto se incluyera información sobre salud reproductiva. Lo reemplazó por otro que condena la masturbación como un “placer egoísta”, promueve la abstinencia hasta el matrimonio y desaparece imágenes de los aparatos reproductivos “por incitar a la lujuria”. Bajo estos prejuicios ajenos de un Estado Laico, se conculcó a miles de jóvenes el derecho de informarse sobre cómo se puede llevar una vida sexual sana y responsable. Al mismo tiempo, en 17 congresos locales se aprobaban leyes antiaborto que criminalizaban a las mujeres. El axioma de las “buenas conciencias” en aquella ocasión fue “los preservativos no existen y el aborto es un delito que se castiga con prisión. Si usted fue violada, aguántese como si fuera un hombre de verdad”.
Mientras todo eso ocurría, los legisladores locales del DF se disponían a aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar. Esto no fue producto de la espontaneidad sino de una larga lucha. Hagamos un breve repaso de los hechos más recientes: dudo que alguna vez en la historia haya imperado el prototipo de estructura familiar que los sectores conservadores tanto invocan: la típica fotografía del papá exitoso, la mamá abnegada, el hijo y la hija obedientes y de fondo una casa en un suburbio. Los fenómenos sociales son mucho más complejos y ricos. El tejido familiar cobra múltiples formas: monoparental, extensa, compuesta, etc. Hasta 2006, la ley desconocía esta realidad. Con la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia por primera vez se le otorgó un status jurídico a relaciones diversas integradas por personas que pretendían establecer un contrato social que incluyera derechos y obligaciones. Esta reforma de ningún modo aspiró a ser culminante, más bien se planteó a sabiendas de que desencadenaría una larga serie de antesalas y debates para por fin desembocar, sin ambigüedades, en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aprobados los matrimonios, lo que se desconocía es que éste era sólo el inicio de un nuevo capítulo de lucha por colonizar nuevas libertades. La reacción fue sorprendente y en cierta medida, divertida: el alto clero anunció que excomulgaría a los diputados que votaron a favor, se irían directito a arder en las llamas del averno, las sotanas salieron a las calles a protestar acompañadas de las familias bien que calificaban a los gays como depravados, hechura contranatura, perversos e inmorales. El gobierno federal se sumó a esta causa como su principal activista. Fue entonces que la controversia constitucional tocó las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recientemente este órgano declaró el apego legal del matrimonio gay. Pero no todo está dicho. Mientras se escriben estas líneas, aún no se ha deliberado en torno a la adopción y el reconocimiento de derechos en otras entidades de quienes se casan en el DF.
Que alguien me dé una razón convincente y libre de prejuicios para impedir que dos personas que se aman puedan enlazarse en matrimonio y adoptar. Porque hasta la fecha, los detractores sólo han manifestado irracionalidad, fanatismo y odio. Los matrimonios entre personas que no se aman, sean homosexuales o heterosexuales, esos sí que están mal.
Inaudito es una palabra que se queda corta para describir los actos de homofobia, misoginia y racismo que a diario ocurren en nuestro país. Inaceptable es un término que no alcanza para demostrar la indignación ante esta doble moral: el territorio nacional bien puede bañarse en sangre prevaleciendo un estado de total impunidad, pero que a una mujer indígena que fue violada no se le ocurra abortar porque ahí sí se aplicará todo el rigor de la ley; los asesinatos a gente inocente (conocidos en el argot oficial como “daños colaterales” en la guerra contra el narco) pueden ocurrir a plena luz del día en lugares de afluencia pública, los decapitados aparecer en avenidas principales y los mensajes de terror leerse en los puentes peatonales, pero que a una pareja homosexual no se le ocurra darse un beso en público pues el escándalo a la moral es tal que merece castigo público. Algo anda mal en una sociedad que ha llegado al absurdo de perder el pudor ante la violencia y proscribir al escondite las muestras de amor y cariño.
A finales de 2009, el gobierno estatal de Guanajuato prohibió que en los libros de texto se incluyera información sobre salud reproductiva. Lo reemplazó por otro que condena la masturbación como un “placer egoísta”, promueve la abstinencia hasta el matrimonio y desaparece imágenes de los aparatos reproductivos “por incitar a la lujuria”. Bajo estos prejuicios ajenos de un Estado Laico, se conculcó a miles de jóvenes el derecho de informarse sobre cómo se puede llevar una vida sexual sana y responsable. Al mismo tiempo, en 17 congresos locales se aprobaban leyes antiaborto que criminalizaban a las mujeres. El axioma de las “buenas conciencias” en aquella ocasión fue “los preservativos no existen y el aborto es un delito que se castiga con prisión. Si usted fue violada, aguántese como si fuera un hombre de verdad”.
Mientras todo eso ocurría, los legisladores locales del DF se disponían a aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar. Esto no fue producto de la espontaneidad sino de una larga lucha. Hagamos un breve repaso de los hechos más recientes: dudo que alguna vez en la historia haya imperado el prototipo de estructura familiar que los sectores conservadores tanto invocan: la típica fotografía del papá exitoso, la mamá abnegada, el hijo y la hija obedientes y de fondo una casa en un suburbio. Los fenómenos sociales son mucho más complejos y ricos. El tejido familiar cobra múltiples formas: monoparental, extensa, compuesta, etc. Hasta 2006, la ley desconocía esta realidad. Con la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia por primera vez se le otorgó un status jurídico a relaciones diversas integradas por personas que pretendían establecer un contrato social que incluyera derechos y obligaciones. Esta reforma de ningún modo aspiró a ser culminante, más bien se planteó a sabiendas de que desencadenaría una larga serie de antesalas y debates para por fin desembocar, sin ambigüedades, en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aprobados los matrimonios, lo que se desconocía es que éste era sólo el inicio de un nuevo capítulo de lucha por colonizar nuevas libertades. La reacción fue sorprendente y en cierta medida, divertida: el alto clero anunció que excomulgaría a los diputados que votaron a favor, se irían directito a arder en las llamas del averno, las sotanas salieron a las calles a protestar acompañadas de las familias bien que calificaban a los gays como depravados, hechura contranatura, perversos e inmorales. El gobierno federal se sumó a esta causa como su principal activista. Fue entonces que la controversia constitucional tocó las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recientemente este órgano declaró el apego legal del matrimonio gay. Pero no todo está dicho. Mientras se escriben estas líneas, aún no se ha deliberado en torno a la adopción y el reconocimiento de derechos en otras entidades de quienes se casan en el DF.
Que alguien me dé una razón convincente y libre de prejuicios para impedir que dos personas que se aman puedan enlazarse en matrimonio y adoptar. Porque hasta la fecha, los detractores sólo han manifestado irracionalidad, fanatismo y odio. Los matrimonios entre personas que no se aman, sean homosexuales o heterosexuales, esos sí que están mal.
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